En la instancia de alegatos, el fiscal de Cámara, Rafael Diego López, sostuvo la acusación por graves delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor de edad y solicitó la pena de 16 años de prisión efectiva para el ex padrastro de la víctima, al considerarlo penalmente responsable de los hechos.
La causa está caratulada como “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Situación de Convivencia Preexistente”. Según el relato de la víctima y los testigos, los abusos comenzaron cuando la menor tenía apenas 9 años y se extendieron hasta sus 13.
Durante su exposición, el fiscal López consideró que durante las audiencias del juicio quedó acreditado que “el imputado aprovechó su situación de convivencia —siendo la pareja de la madre de la niña— para someterla sexualmente de manera reiterada, durante un periodo en el que el acusado ejerció violencia física y psicológica para asegurar su silencio y someterla, afectando su normal desarrollo psicosexual y constituyendo un trauma permanente para su vida”.
En este marco, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en la contundencia de las pruebas documentales y testimoniales presentadas a lo largo del juicio, en el cual estuvo acompañado por los ayudantes fiscales Analuz Zalazar y Orlando Fuentes de La Vega; y destacó el informe médico legal que “la prolongación del daño físico sufrido por la menor a lo largo del tiempo”.
Además, el funcionario judicial valoró las pericias psicológicas realizadas a la víctima, que “revelaron indicadores inequívocos de abuso, sumisión, rasgos depresivos y sentimientos de culpa, todos compatibles con el calvario denunciado”.
Por todo lo expuesto, el fiscal Rafael Diego López fue contundente al expresar que “el abuso sexual infantil es una de las formas más extremas de violencia” y solicitó la pena de 16 de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado.
Además, la fiscalía pidió que la sentencia se dicte con perspectiva de niñez y género, encuadrando el caso bajo las leyes nacionales de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) y de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485).
El tribunal está a cargo de la jueza Sara López Douglas, junto a los jueces vocales, Karina Cabral y Gustavo Díaz.
