En la audiencia de alegatos, los fiscales Rafael Diego López y José Oliveros Icazatti solicitaron la pena de prisión perpetua para el imputado Jonathan Tejada Peralta, al considerar acreditada, con prueba “contundente, suficiente y concordante”, su responsabilidad penal en el hecho. Sostuvieron que la conducta desplegada por el acusado evidenció “una clara intención dolosa de causar la muerte”, en un contexto de extrema violencia y desigualdad de poder hacia la víctima.
La causa está caratulada como “Homicidio agravado por alevosía y por razones de género (Femicidio)”, previsto en los artículos 79 y 80, incisos 2° y 11° del Código Penal.
Durante los alegatos, la Fiscalía relató el hecho ocurrido el 20 de enero de 2022, señalando que el imputado contactó a la víctima a través de la red social Facebook para contratar sus servicios como trabajadora sexual, retirándola alrededor de las 6:00 de la mañana en la zona de la rotonda del Portal de San Nicolás y trasladándola a su domicilio del barrio La Florida. Allí, tras una discusión por el costo del servicio, el acusado la atacó con un cuchillo provocándole múltiples heridas y, posteriormente, le arrojó un bloque de cemento en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su muerte.
En este sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal manifestaron que a lo largo del debate se presentaron elementos probatorios contundentes que demuestran la culpabilidad de Tejada Peralta. En especial, valoraron la prueba testimonial, destacando el relato de un allegado al imputado, quien refirió que éste le manifestó: “Me la mandé gordo, la maté”, reconociendo haber atacado a la víctima tras una discusión. A ello, se suman registros fílmicos, informes telefónicos, pericias criminalísticas y el informe de autopsia, que corroboran tanto el encuentro entre víctima e imputado como la mecánica del hecho y la violencia ejercida.
La Fiscalía también hizo hincapié en el contexto de violencia de género, señalando que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad estructural, lo que fue aprovechado por el agresor; encuadrando el hecho dentro de un claro caso de femicidio.
Finalmente, sostuvieron que el posterior accionar del imputado —limpiar la escena del crimen y procurar deshacerse de los rastros— refuerza la responsabilidad penal y la conciencia de culpabilidad.
Durante todo el proceso, los fiscales estuvieron acompañados por la ayudante fiscal Melisa Brizuela.
El Tribunal interviniente está presidido por la jueza Sara López Douglas e integrado por los jueces vocales Edith Agüero y Gustavo Díaz.
